Justicia Fiscal denuncia que el Congreso violó la ley de Presupuesto

La coalición de organizaciones cívicas Justicia Fiscal denunció que se ha vuelto a violentar la Ley Orgánica de Presupuesto por la aprobación apresurada que llevaorn a cabo los senadores y dipuados del Presupuesto 2013, sin dar la oportunidad de participación a los diferentes sectores sociales del país y sin profundizar en el estudio, análisis y debate de la pieza en el Congreso Nacional.

Las entidades de la coalición lamentaron la aprobación al vapor del presupuesto para el 2013 y manifestaron su rechazo al Congreso Nacional por continuar actuando como un “sello gomígrafo” del Poder Ejecutivo, al no exigir el cumplimiento de las leyes y los procedimientos.

Desestimaron el silencio “cómplice” que guardan los congresistas con respecto al déficit fiscal de este año.

“Con este proceder se trunca el necesario contrapeso de poder que la democracia necesita y se reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”, expresaron los activistas.

También agregaron que la política fiscal es un instrumento de desarrollo  en la medida que sirve para fomentar la equidad, la prosperidad económica, la solidaridad la cohesión social y a construir un debate democrático entre el Estado y la ciudadanía, basado en derechos donde se discutan las prioridades colectivas y se respeten las leyes y las instituciones.

El grupo social manifestó que el déficit presupuestario, proyectado sin aplicaciones financieras, sigue siendo alto, aunque inferior al del presente año 2012.

Advirtieron que desafortunadamente se logró la reducción del déficit debido a los efectos esperados del Paquetazo tributario aprobado recientemente y no como consecuencia de una racionalización del gasto publico.

Otro aspecto rechazado por Justicia Fiscal es la asignación de recursos al Congreso Nacional para realizar actividades asistenciales mediante el “barrilito” y el “cofrecito”, apartándose de las funciones constitucionales de este Poder del Estado, que son hacer leyes y supervisar al resto del Estado.

Lamentan que se mantengan niveles altos de ineficiencia al mantener nóminas abultadas que crecen en 12% en 2013 con relación a 2012, y que conllevan un aumento del 26% del gasto corriente.

Este dato es preocupante, plantean, dado el alto nivel de clientelismo y de contratación de personas que no ejecutan sus funciones que se arrastra históricamente.

“Consideramos que continúan siendo bajos e insuficientes los recursos asignados a las funciones importantes como la salud, seguridad social, viviendas, agua potable y saneamiento  y seguridad ciudadana. Estas son áreas de suma importancia para combatir la pobreza y las desigualdades y elevar el nivel de vida de la población”, manifestaron los dirigentes.

Asimismo, los representantes de Justicia Fiscal destacaron que, a pesar de ese nivel de gasto público, la proyección oficial del crecimiento del PIB para 2013 es de apenas 3%. Dado el impacto del paquetazo tributario sobre los agentes económicos, el nivel de debilidad institucional y un entorno internacional desfavorable, existe el riesgo de que el crecimiento termine siendo aún menor al proyectado por el gobierno.

De todos modos, aún se alcanzara ese nivel de crecimiento económico, es muy previsible que se incremente el nivel de desempleo. La experiencia histórica indica que para mantener el nivel de empleo se requiere un crecimiento del 4.5% del PIB.

El aumento del desempleo, sumado a los efectos nocivos del paquetazo tributario reduciría el nivel de vida de la población, aumentando la pobreza y la desigualdad, consideró Jussticia Fiscal.

Los aspectos positivos del Presupuesto 2013

Para Justicia Fiscal el elemento positivo más importante es la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, dándole cumplimiento a la ley General de Educación y atendiendo a una demanda importante del movimiento ciudadano.

“Felicitamos a la ciudadanía activa, que ha mantenido una consistente lucha para que se eleve la calidad y el nivel de inversión en la educación, dada su importancia en el desarrollo humano del país. También reiteramos nuestro reconocimiento al Presidente de la República por el cumplimiento de ese compromiso con la ciudadanía”, explican los integrantes del movimiento.

Otro elemento positivo lo constituye una mejor distribución territorial de la inversión pública, rompiendo con la tradición de los últimos años de concentrar la inversión en el Distrito Nacional.

El Movimiento Justicia Fiscal insistió que le dará seguimiento detallado a la ejecución presupuestaria, para garantizar el buen uso de los recursos que con tanto sacrificio la población pone en manos del gobierno. “Enfatizamos que mantendremos la lucha ciudadana por elevar la calidad y transparencia  del gasto público y en particular para frenar la corrupción y la  impunidad.”

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