Carlos Manuel Estrella
Con la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo para derogar la ley 6132, de 1962, mediante el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales resurgen temores de siempre y el exceso de celo con respecto a regular un derecho fundamental que, como todos, no es absoluto y tiene límites.
Llegó el momento de adecuar a la era digital esa legislación obsoleta y cumplir el necesario desarrollo legislativo de derechos amparados en sombrilla del artículo 49 de la Constitución que abarca el ejercicio periodístico, acceso a fuentes, secreto profesional, cláusula de conciencia, réplica y rectificación.
Cada vez es más urgente marcar fronteras legislativas al uso y abuso de la libertad de expresión en las plataformas de contenidos en internet frente a derechos personalísimos como el honor, intimidad, buen nombre e imagen que tan frecuentemente son estropeados con impunidad desde las redes sociales.
El proyecto no es perfecto, puede ser mejorado en el Congreso Nacional, tiene asuntos interpretativos, pero es buena iniciativa que ha logrado consensos en la comisión que lo elaboró por encargo del presidente de la República y tiene apoyo de la estructura de poder de medios convencionales, no digitales.
Busca reemplazar la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía por el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como órgano regulador, con nuevo espíritu y composición sugerida por el Ejecutivo y nombrada por el Legislativo, sistema que pudiera mejorarse en la forma y el fondo.
Es necesario socializar el tema lo más posible para disminuir distorsiones y manipulaciones interesadas, es impostergable actualizar la obsoleta ley sobre la libertad de expresión con 63 años de vigencia, surgida en un contexto político ya superado, y debe adaptarse a la era digital y al actual clima democrático que propicia el gobierno del presidente Luis Abinader.
