El presidente Luis Abinader ha reiterado el motivo de las reformas, especialmente la constitucional, que impulsa desde ya para el último período de gobierno que encabezará, su convicción de acatar el mandato de la Carta Magna y el objetivo histórico de dejar un legado de fortalecimiento institucional.
Es una actitud atípica, inédita en la política vernácula que rememora a presidentes que marcaron diferencia como cumbres de la visión progresista en el ejercicio del poder, tales las efímeras gestiones de Ulises Francisco Espaillat (1876) y Juan Bosch (1963), comparaciones que lo elevan a la excepcionalidad.
A pesar de lograr una victoria aplastante con el 63 por ciento de votos para su segundo período consecutivo y de tener, a partir del 16 de agosto, control total del Congreso Nacional con más del 80 por ciento de la matrícula de ambas cámaras, Abinader defiende su propósito de poner límites al poder presidencial.
Si bien la Constitución puede ser objeto de otras mejoras institucionales, Abinader se ha concentrado en estos dos aspectos que como él mismo ha calificado representarán su legado político, tan excepcional que lo hace desde el poder en momentos en que pudiera manipularlo para beneficio particular.
Sectores de oposición cuestionan la sinceridad del mandatario quizás por aquello de que cada quien juzga por su propia condición y serán los hechos del futuro cercano que llevarán a razonar que esta actitud de Abinader viene en su ADN como herencia moral de su difunto padre que parecía un Quijote en la selva política dominicana.
