La calidad de esos funcionarios, producto de las elecciones, está bajo cuestionamiento y queda muy mal parada su legitimidad, por cuanto una parte de ellos, los cinco diputados nacionales y los 40 miembros, titulares y suplentes, del Parlamento Centroamericano (17%), eran desconocidos para los votantes.
Resultaron elegidos de listas “cerradas y bloqueadas” presentadas por los partidos políticos al momento de su inscripción como candidatos y ni siquiera se cumplió el requisito (como en el caso de mi recinto electoral) de colocar sus nombres en colegios de votación. Se votó para legalizar una situación de hecho.
En el caso de los diputados ante el PARLACEN, que tiene su sede en Guatemala, los partidos se valen de trucos y engaños legalizados para hacer un reparto con tintes de nepotismo o de disfrazada monarquía, con casos en que seguros ganadores de escaños titulares y suplentes, son hijo y madre.
En cuanto a la representación del Congreso Nacional hay fallas de origen, imputables de manera directa a organizaciones políticas al momento de inscribir candidatos, porque si bien el ejercicio de los derechos de ciudadanía no pueda ser limitado, salvo en el caso de condena definitiva, hay muchos sub júdice.
La calidad de los candidatos, una parte ahora con el adjetivo de electos y hasta reelectos, es otra lectura de las pasadas votaciones que debe impactar en los partidos para mejorar el previsto desempeño de los “representantes” de la voluntad popular en el Congreso Nacional como primer poder del Estado.
