Fue a las 8 de la noche del pasado 12 de febrero cuando la adolescente Esmeralda Richiez, salió desde su hogar en Vista Alegre, Higüey, en compañía de dos adultos, su maestro, John Kelly Martínez y un primo de este, le acompañaron otras tres alumnas, todas menores de edad.
Según el testimonio del padre, las menores salieron a tomar cervezas en compañía de los dos adultos y con el aparente permiso de sus tutores.
Alrededor de las 11:00 de la noche, Esmeralda regresa pálida y sin fuerzas.
La madre Isabel Martínez asegura que esa noche fueron a la playa y que al regresar las amigas le dijeron que Esmeralda se había mareado por las cervezas. Por lo que le reclamo a la menor y a las amigas, creyendo incluso que la habían drogado.
Ante el deteriorado estado físico de su hija, le ofreció toallas sanitarias y unas pastillas y la dejo en la habitación para dormir, creyendo que se trataba del periodo menstrual.
EL sangrado no ceso, y la menor se encerró en su habitación. Al caer la madrugada esmeralda continuaba sin informar a sus padres la gravedad de la situación. En notas de voz vía Whatsap, angustiada y casi agonizando en el baño de su casa, pedía ayuda a una amiga.
Llorando le confiesa a “Yari” haber tenido relaciones con un hombre…pero ya se estaba desangrando.
No fue hasta el día siguiente cuando al despertar a Esmeralda para que acudiera a la escuela, su madre no la consigue en la habitación, se dirige al baño y al abrir la puerta desabren el cuerpo de su hija. La adolescente había fallecido en lo que aparenta las consecuencias de un supuesto aborto clandestino.
La fiscal titular de La Altagracia, Mercedes Santana, detalló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realiza la autopsia al cuerpo de la joven para determinar las causas de la muerte.
El Ministerio Público informó que fue arrestado el profesor John Kelly Martínez, principal sospechoso por la muerte de una adolescente de 16 años. El maestro había visitado la casa por lo menos en una ocasión para compartir con la joven y otras compañeras.
Se estima que, cada año, 25.000 mujeres y niñas son atendidas en el sistema de salud pública de la República Dominicana por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos. En 2018 se estimó que entre 10 y 12 pacientes se presentan en el hospital cada día con abortos incompletos según Human Rights Watch.