Los reconocidos periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez acudieron a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para presentar diversas querellas penales por difamación e injuria en medios digitales. Las denuncias, algunas individuales y otras colectivas, están dirigidas contra cuatro ciudadanos que realizan actividades de comunicación en redes sociales y medios digitales: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández. Los querellantes los acusan de difundir reiteradamente expresiones difamatorias e injuriosas.
Las acciones judiciales se fundamentan en la vulneración de los derechos al buen nombre y al honor, establecidos en la Constitución dominicana y respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los cuales limitan el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.
Los denunciantes, acompañados de sus representantes legales, señalaron que el objetivo de estas querellas no es restringir el debate público ni la crítica, sino frenar el uso indebido de plataformas digitales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamentos sólidos, lo cual afecta la reputación de personas con funciones públicas. Según los abogados, las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han cruzado la línea de la libertad de expresión legítima, convirtiéndose en ataques personales que generan serias repercusiones a nivel reputacional.
En un documento dirigido a los medios, los firmantes explicaron que, aunque cada querella aborda situaciones particulares, todas buscan un mismo fin: recuperar el respeto en el espacio público, fomentar un intercambio de ideas fundamentado y fortalecer una cultura democrática basada en el diálogo, en lugar de la ofensa.
Finalmente, los querellantes reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y el uso adecuado de los mecanismos legales para resolver disputas. “La libertad no debe confundirse con la impunidad”, expresaron, haciendo un llamado a una convivencia democrática que promueva el respeto mutuo y el uso responsable de las libertades públicas como instrumentos de construcción social, no de ataque personal.
