El Tribunal Supremo estadounidense aceptó este viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior administración de Joe Biden a 532,000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
El futuro de más de 500,000 migrantes quedó en entredicho tras la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración de Donald Trump revoque el programa de «parole» humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal. Según reportó Reuters, la medida deja a cientos de miles de personas expuestas a una posible deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva de este estatus.
El programa de «parole» humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. De acuerdo con The New York Times, «el programa permitió que más de 530,000 personas de esas nacionalidades entraran al país con autorización para residir y trabajar temporalmente». La administración de Biden defendió la iniciativa como una vía para desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias.
La decisión de la Corte Suprema, emitida el 30 de mayo, no incluyó una argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo. Jackson afirmó en su opinión disidente que el tribunal «claramente arruinó» su evaluación sobre qué parte sufriría más daño si se permitía la revocación del estatus legal mientras se resuelve el caso. Según USA Today, Jackson sostuvo que la mayoría «subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes».
