Dentro de los múltiples y diversos objetivos nacionales proyectados al inicio de año, como políticas públicas de los gobiernos locales y central, para 2025 debería ser prioridad la disminución de muertes por accidentes de tránsito de motociclistas, y de ahí derivarse otras acciones ceñidas a respetar la ley.
Resulta innecesario acudir a las estadísticas para justificar la urgencia de una intervención gubernamental fuerte, constante y eficiente para frenar el luto causado a centenares de familias, el incremento en el gasto público por atención hospitalaria a motociclistas y secuela de males conexos que dañan a terceros.
El uso de motos tiene características muy particulares en el país.
Es medio de transporte familiar y/o escolar, instrumento de trabajo desde el servicio de “motoconcho” hasta la mensajería de medicinas, alimentos y bebidas, comercial en general, además de estar presentes en hechos del microtráfico y raterismo.
Esa multiplicidad de usos implica que atacar el mal de los motociclistas, que pueden catalogarse como una plaga social de urgente intervención, amerita de acciones focalizadas, efectivas y constantes de autoridades locales y nacionales, al margen de “batidas” y “operativos” que son “allante y movimiento”.
Los terceros en la ecuación del caso, que son ciudadanos, en gran parte choferes y conductores de otros tipos de vehículos, tienen en los ocupantes de esos “instrumentos de muerte” a enemigos visibles, cotidianos y cercanos, en calles, avenidas y carreteras, que le pueden estropear sus vidas en un momento.
La violación constante de elementales disposiciones legales, a la vista de todos y sin ninguna sanción ni intento de persecución jurídica, es parte de esta fatídica vivencia diaria que requiere con urgencia, sin más dilaciones, excusas e irresponsabilidades públicas, de la aplicación pura, simple y directa de la ley.
