21 Julio 2026

MP apela sentencia que otorgó perdón judicial a Wander Franco

Dicha apelación sostiene que la decisión impugnada incurre en una incorrecta aplicación de la ley, vulnera principios fundamentales del proceso penal y resulta incompatible con la gravedad de los hechos acreditados por el propio tribunal.

Teleuniverso

 El Ministerio Público interpuso formal recurso de apelación a la sentencia de un tribunal de Puerto Plata que, aunque en un nuevo juicio declaró penalmente responsable a Wander Samuel Franco Aybar por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.

Al mismo tiempo, le otorga un perdón judicial que no se ajusta a los daños causados a la víctima y a la sociedad.

El recurso fue interpuesto de forma parcial contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

El tribunal se encuentra integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo presidió; Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

La sentencia condena a la madre de la adolescente a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCRRafey Mujeres, de Santiago, por explotación sexual comercial y lavado de activos, decisión que no fue recurrida.

La apelación fue presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, representadas por los magistrados Ramona Nova CabreraKelmi Ricardo Duncan TorresClaudio Alberto Cordero JiménezJosé Martínez Montán y Olga Diná.

Dicha apelación sostiene que la decisión impugnada incurre en una incorrecta aplicación de la ley, vulnera principios fundamentales del proceso penal y resulta incompatible con la gravedad de los hechos acreditados por el propio tribunal.

Las decisiones judiciales deben mantener coherencia con los hechos probados, la calificación jurídica establecida y el marco legal aplicable. La lucha contra la explotación de menores y el lavado de activos exige respuestas compatibles con los principios de legalidad y justicia”, indicaron los representantes del Ministerio Público.

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