MP solicita coerción contra mujer arrestada en fábrica ilegal de bebidas alcohólicas en Navarrete

El Ministerio Público presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medidas de coerción contra una mujer detenida en flagrante delito en una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas adulteradas en el municipio de Villa Bisonó (Navarrete).

El arresto de Nadage Joseph (también conocida como Rosa Joseph), de nacionalidad haitiana, se llevó a cabo durante un operativo coordinado por la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) del Ministerio Público, en colaboración con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

Durante la requisa, las autoridades incautaron más de 80 tanques de metal que contenían el líquido.

En total, se incautaron diecisiete mil novecientos ochenta (17,980) litros de bebidas alcohólicas adulteradas. Además, se ocupó un saco de maíz de 100 libras y 39 paquetes de levadura, productos que se utilizaban para la fermentación del líquido.

La instancia con la solicitud de coerción imputa numerosos delitos a Nadage Joseph (también conocida como Rosa Joseph), quien fue sorprendida operando la fábrica en una instalación improvisada en una zona baldía de la comunidad de Pontón, en el mencionado municipio de la provincia de Santiago.

La mujer y otros tres hombres que huyeron del lugar estaban a cargo de la fabricación de la bebida artesanal conocida como clerén en el momento de la requisa.

La operación, encabezada por la fiscal Lía Collado, enlace de la Fiscalía de Santiago ante la UICI, implicó el despliegue y movilización de equipos, además del Ceccom, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Joseph enfrenta cargos provisionales por violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores. Asimismo, se le atribuye la violación del artículo 156, numeral 3, de la Ley 42-01 General de Salud, y de los artículos 30 y 31 de la Ley 17-19, que penaliza el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.

Esta operación se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público para erradicar la falsificación de productos regulados, con el fin de evitar su comercialización y consumo, ya que representan una amenaza inminente para la salud y la vida de los consumidores.