El presidente Luis Abinader promulgó recientemente la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano y entrará en vigor en agosto de 2026. Esta ley sustituye a una legislación que ha estado vigente por más de 140 años. Tras casi dos décadas de debates e intentos legislativos fallidos, gracias a Dios finalmente se aprueba un texto que moderniza el sistema de justicia penal, tipifica delitos adaptados a la realidad actual, endurece sanciones y refuerza la protección a las víctimas. Sin embargo, el verdadero reto no estará en lo que dice la ley, sino en cómo se aplicará.
La incorporación de delitos contemporáneos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para sancionar y prevenir el crimen son los objetivos centrales de este nuevo marco legal. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
• Tipificación de figuras como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica y el uso de deepfakes con fines de chantaje.
• Elevación de la pena máxima de 30 a 40 años de prisión, con posibilidad de llegar hasta 60 en casos de acumulación de delitos graves.
• Reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un paso clave en la lucha contra la corrupción empresarial.
El Código también incorpora medidas socio-judiciales como la semilibertad y el fraccionamiento de penas, buscando un equilibrio entre castigo y reinserción. Amplía los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores y refuerza las órdenes de protección para víctimas de violencia de género. En materia de corrupción administrativa, endurece las sanciones e incluso contempla la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
No obstante, endurecer penas no garantiza por sí solo la reducción del delito. La efectividad de esta reforma dependerá de la capacidad institucional para aplicarla con justicia y sin sesgos, evitando la impunidad selectiva. Es indispensable invertir en prevención, educación y un sistema penitenciario que realmente rehabilite.
Como cristiano, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte. Como dominicano, lamento que la ausencia de consenso en temas como el aborto y las tres causales haya hecho que este nuevo Código Penal nazca en medio de tensiones sociales y políticas.
En definitiva, este nuevo marco legal es una oportunidad para que el país avance hacia un sistema de justicia más eficiente, equitativo y acorde con nuestro tiempo. La ley ya está escrita; ahora el reto es aplicarla y aplicarla bien. Solo así podremos aspirar a una República Dominicana más segura, para todos.
Por Dionys Pinales
