El segundo gobierno de Luis Abinader, que comienza hoy, enfrenta grandes expectativas por parte de los sectores económicos, sociales, sindicales y políticos, quienes esperan que finalmente se resuelvan problemas pendientes no atendidos en el primer mandato.
En el ámbito laboral, el Gobierno tiene pendiente materializar una reforma laboral que lleva 11 años discutiéndose, incluidos los cuatro de Abinader. El sindicalista Rafael (Pepe) Abreu espera que al menos se logre la «reforma posible».
«La reforma posible es que nos pongamos de acuerdo en los temas procesales, en las nuevas modalidades laborales, en aspectos administrativos, y que creemos un sistema de conciliación», explicó Abreu.
Otra reforma pendiente que Abinader hereda en su segundo mandato es la de la Ley de Seguridad Social, que genera quejas por el alto gasto de bolsillo en los servicios médicos y las bajas pensiones. En 2028 se espera que comiencen a otorgarse las pensiones por vejez del sistema creado en 2001.
«La tasa de reemplazo prevista, según los cálculos de los actuarios, si no se modifica el sistema, apenas llegaría a aproximadamente un 22% del salario del trabajador», advierte el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
Economía
Sin embargo, en el ámbito económico, se percibe una mezcla de optimismo y preocupación por el futuro de las finanzas públicas, la producción nacional y el poder adquisitivo de la población.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, ve positivamente el panorama macroeconómico, basado en los resultados de los últimos años.
«El reto es preservar la estabilidad que garantice la inversión y la generación de empleos», señala Dargam. Para él, las tareas pendientes están en los sectores eléctrico y educativo.
El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, identifica importantes debilidades que las autoridades deben abordar.
«En el país, hoy hay miles de niños que no podrán asistir a la escuela por falta de aulas, el sistema de salud parece colapsado, los hospitales públicos no tienen medicinas, el sistema productivo nacional y el sector agrícola están en el suelo», evalúa Jiménez.
De igual forma, le preocupa la implementación de una reforma fiscal que, en su opinión, podría perjudicar a las grandes mayorías.
«Si se continúa en la misma dirección que en los últimos cuatro años, el país no se sabe a dónde irá a parar», advierte.
Transparencia
El coordinador de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, cree que la nueva gestión tiene el desafío de reducir el gasto y el tamaño del Estado para lograr los objetivos de la reforma fiscal, además de continuar la lucha contra la corrupción.
Para ello, afirma que la función pública de la administración Abinader debe ir acompañada de «la presentación de las declaraciones juradas, el comportamiento ético por parte de los funcionarios públicos, la mejor gestión posible y, de manera especial, la rendición de cuentas, que es de carácter obligatorio».
En ese ámbito, el movimiento cívico pondrá especial atención a la modificación constitucional y a la elección de jueces de la Suprema Corte de Justicia.
