Domingo Deprat, Encargado Regional Cibao Norte del Consejo Nacional de Drogas, ha expresado sus consideraciones sobre la reciente implementación de la Ley 60-23, destacando varios puntos críticos que merecen atención y discusión.
Con la entrada en vigor de esta legislación, se establecen nuevos parámetros administrativos y de asignación de fondos que generan interrogantes. De acuerdo con Deprat, el papel preponderante que jugará el ejecutivo plantea la necesidad de garantizar un acceso equilibrado a los fondos.
La ley también contempla disposiciones relacionadas con la venta de vehículos, aeronaves y embarcaciones incautadas en operativos antidrogas. Estos bienes podrán ser vendidos, y los fondos resultantes se destinarán a cuentas especiales. En caso de que una investigación determine que la incautación no estuvo respaldada por pruebas suficientes, se prevé un mecanismo para la devolución de los bienes incautados junto con los intereses correspondientes.
