La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 59 violaciones a los derechos humanos y la muerte de un recluso por presunta negligencia médica en enero de 2026, según su informe divulgado este viernes.
En la actualización sobre la situación penitenciaria en Cuba, la organización —con sede en México— indicó que al menos 31 personas privadas de libertad (2 mujeres y 29 hombres) fueron identificadas como víctimas de estas vulneraciones.
El CDPC también lamentó el fallecimiento del preso político Lázaro García Ríos, quien cumplía una condena de 20 años impuesta en 2022 por los delitos de propaganda enemiga y sabotaje. De acuerdo con el informe, tras ser sometido a una operación cardíaca y pese a que «los estudios médicos indicaban que no se había recuperado plenamente», fue retornado a la prisión Combinado del Este, en La Habana. Posteriormente, se denunciaron deterioros en su estado de salud «sin que existan evidencias de que le fuera brindada atención médica oportuna y adecuada por parte de las autoridades penitenciarias».
La ONG señaló que documentó violaciones en 22 cárceles de 14 provincias. La provincia de Las Tunas concentró el mayor número de denuncias (10), principalmente en la prisión conocida como «El Típico».
El informe reitera que los grupos más afectados son los presos por motivos políticos, las personas afrodescendientes y quienes padecen enfermedades crónicas, y precisa que en un mismo individuo pueden coincidir varias condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, refiere que organismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por la salud de los presos políticos e instado a las autoridades a su «liberación inmediata e incondicional».
El CDPC describe las condiciones de reclusión como «una constante generalizada», caracterizada por alimentación insuficiente y en mal estado, desnutrición severa, escasez de agua potable, infraestructura deteriorada, falta de colchones, plagas y brotes epidemiológicos sin tratamiento adecuado.
Entre las represalias contra quienes denuncian estas situaciones, la organización menciona restricciones y vigilancia de comunicaciones, envío a celdas de castigo, traslados arbitrarios, privación de atención médica, además de golpizas y amenazas.
También reportó testimonios sobre presunta violencia sexual perpetrada por otros reclusos con instigación de autoridades penitenciarias, la fabricación de nuevas causas penales para impedir beneficios carcelarios y restricciones a visitas familiares y conyugales.
El CDPC subrayó que los datos recopilados constituyen «un subregistro de los eventos y víctimas reales» y advirtió que resulta imposible contar con una documentación completa debido a lo que califica como «opacidad sistemática del régimen cubano», que —según afirma— niega información oficial sobre el sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes y criminaliza la labor de documentación en las cárceles.
