De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de la Operación Buho, los implicados en la investigación desarrollaron un entramado financiero y una estructura dentro de la cooperativa Coop-Herrera que respondía a la voluntad del administrador general, Jorge Eligio Méndez, y que les permitió usar los fondos de los asociados para adquirir bienes de lujo que ocultaban a través de empresas.
El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones y que se declare el proceso de tramitación compleja.
El fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra de Los arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
El documento señala que esta estructura «respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en Administrador General, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoría y las distintas áreas administrativas, familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio».
Méndez y sus asociados en Coop-Herrera, de acuerdo con la solicitud, utilizaron documentos falsos como garantías para otorgarse préstamos millonarios los cuales no fueron pagados. Se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual, para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos.
Los socios involucrados en la estructura creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Según el Ministerio Público, fueron adquiridos villas, vehículos de alta gama y yates utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía en Coop-Herrera o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirados por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
