La autorización para que aeronaves estadounidenses operen temporalmente desde dos aeropuertos dominicanos, anunciada el miércoles por el Gobierno, forma parte de un esquema limitado, estrictamente técnico y plenamente sustentado en el marco jurídico bilateral que rige desde los acuerdos antidrogas de 1995 y su Protocolo ampliatorio de 2003.
La operación se extenderá hasta abril del próximo año y se circunscribe a labores logísticas y de apoyo en misiones regionales de interdicción contra el narcotráfico.
Fuentes oficiales explicaron que la presencia aérea autorizada incluye únicamente aviones cisterna y aeronaves de transporte militar, necesarios para reabastecimiento, apoyo técnico y movilidad logística. No se trata de naves de combate ni de plataformas ofensivas, y no existe ninguna autorización para operaciones bélicas, ataques preventivos o acciones de fuerza iniciadas desde territorio dominicano.