La Policía Nacional ejecutó un amplio operativo en Santiago, donde incautó 56 scooters o motonetas eléctricas por circular sin placa ni documentos, en su mayoría conducidas por menores de edad. Las acciones buscan reforzar el orden y la seguridad vial, así como reducir los accidentes relacionados con estos vehículos que operan al margen de la ley.
El incremento de este tipo de aparatos en calles y barrios de la ciudad ha generado preocupación entre autoridades y residentes, especialmente por su uso imprudente y sin equipo de protección. Muchos modelos tienen un diseño similar al de motocicletas o pasolas y se venden libremente en puntos comerciales de Santiago, con precios entre 25,000 y 40,000 pesos.
En sectores como Ensanche Libertad y Cienfuegos, vecinos denuncian que estos scooters se alquilan por 250 pesos la hora a niños y adolescentes, quienes incluso circulan por avenidas principales sin casco ni licencia de conducir.
El coronel Leubiris Anderson Urbaez Mancebo, director de la Digesett en Santiago, informó que se realizan coordinaciones con otras instituciones para determinar la clasificación y legalidad de estos vehículos, que suelen desplazarse en zonas con poca presencia de agentes de tránsito.
Durante los operativos, las autoridades detectaron que muchos conductores transitaban en vías contrarias, invadían espacios peatonales y, en algunos casos, lo hacían sin luces, incumpliendo las normas de tránsito. “Estas patinetas son un peligro público cuando se usan de manera irresponsable. Hemos registrado múltiples colisiones por su uso inadecuado”, advirtió el teniente Ramírez Collado.
Las unidades retenidas fueron trasladadas a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional. La institución reiteró que los operativos continuarán para frenar el uso ilegal de estos dispositivos.
Uno de los propietarios afectados, identificado como Suárez, expresó su inconformidad con la medida. Aseguró que al adquirir su patineta no recibió documentos para registrarla en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pidió mayor flexibilidad para regular este tipo de transporte.
Señaló que el vehículo era conducido por su esposa, mayor de edad y con documentos personales, y que lo utilizan para uso familiar. “Es una alternativa económica frente al alto costo de la gasolina. Al ser eléctricos, el gobierno debería regularizarlos y promover su uso”, afirmó.
