Una corte de apelaciones de Buenos Aires ordenó reabrir una investigación contra el expresidente boliviano Evo Morales por el presunto abuso de menores y trata de personas mientras se encontraba refugiado en Argentina, adonde se trasladó tras dejar el poder en noviembre de 2019.
El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto —uno de los denunciantes en la causa—, indicó el viernes en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó «continuar y profundizar la investigación» por esos delitos, después de que «el juez (Sebastián) Ramos archivara la denuncia».
Los abusos mencionados habrían ocurrido mientras Morales (2006-2019) residía en Argentina como refugiado político, después de dejar el poder en medio de protestas en su país tras declararse vencedor de unas elecciones controvertidas. El exmandatario permaneció en Buenos Aires hasta noviembre de 2020, cuando regresó a su país.
Morales, quien enfrenta una acusación similar en su país natal, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la decisión judicial argentina. A principios de año, cuando su caso fue desestimado por el magistrado de primera instancia, se declaró «alentado». «Ya ganamos otra batalla jurídica a nivel internacional», afirmó en ese momento.
Sin embargo, los tres jueces de la cámara federal indicaron en su dictamen que el archivo «resulta prematuro», considerando los datos consignados que podrían aportar «información concreta sobre el tiempo, modo y lugar» en que habrían ocurrido los abusos.
Las denuncias que ahora serán investigadas a fondo por la justicia argentina fueron presentadas por el Ministerio de Seguridad y la Fundación Apolo, que se define como una entidad privada dedicada a luchar contra la corrupción.
Según las denuncias, el expresidente habría abusado de varias adolescentes que habrían viajado desde Bolivia a Argentina mientras él residía en ese país.
Se basan en parte en las declaraciones de Alicia Ponce, una exdirigente campesina que en el pasado fue cercana a Morales. Ella afirmó públicamente que durante sus visitas al líder indígena en Buenos Aires, vio a menores de edad realizando labores «serviles». La mujer también declaró que quienes deseaban obtener favores gubernamentales le ofrecían niñas.
En la actualidad, Ponce es cercana al presidente boliviano Luis Arce, quien en su momento fue el delfín del dirigente indígena y ahora es su adversario político.
En Bolivia, la justicia emitió una orden de detención contra Morales por negarse a presentarse ante la citación de un magistrado por el supuesto abuso de una menor.
El Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, aseguró recientemente que esa dependencia insistirá en que se cumpla la orden de arresto.
