Previo a conmemorarse el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también denominado Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, organizaciones de la sociedad civil en Santiago, demandaron del Estado mayor protección para las mujeres que por condición de pobreza se realizan abortos en condiciones críticas, clandestinas e inseguras.
Raquel Rivera, coordinadora del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, informó que el aborto encubierto, en circunstancias sanitarias muy precarias, causa hemorragias graves, infecciones y consecuencias a corto y largo plazo para futuros embarazos, así como un riesgo para la vida de las mujeres.
¨Las organizaciones aquí representadas reclaman al Estado, a la clase política y las distintas instancias tomadoras de decisiones de la República Dominicana, escuchar a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres y apoyar la despenalización del aborto en tres causales fundamentales¨, expresó Rivera.
Raquel Rivera aseguró que, pese a la penalización del aborto, en el país se realizan miles de procedimientos de manera clandestina que amenazan la salud de las dominicanas.
¨En el país existe una de las normativas más restrictivas del mundo, en interrupción voluntaria del embarazo. Por lo que se mantiene la expectativa de que el Congreso dominicano apruebe las tres causales para riesgo de vida materna, inviabilidad del feto y violación o incesto¨, declaro la líder social.
Sustento mundial
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el aborto es un procedimiento altamente seguro; su legalización protege la salud y vida de las mujeres. ¨El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. Los países tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, incluidos los relativos a la salud y la autonomía sexual y reproductiva¨, expone la OMS.
La organización internacional independiente Observatorio de los Derechos Humanos, entiende que los derechos reproductivos son derechos humanos, incluido el derecho a acceder al aborto. Los Estados tienen la obligación de brindar a mujeres, niñas y otras personas embarazadas acceso al aborto seguro y legal. De igual manera, concluye que las decisiones sobre aborto corresponden únicamente a la persona embarazada, sin injerencia ni restricciones irrazonables por parte del Estado o de terceros.
Las organizaciones civiles, sociales y comunitarias unidas en este llamado, son: Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Integral de Desarrollo CIDEL, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Alianza Cristiana y el Núcleo de Apoyo a la Mujer.
