El presidente Luis Abinader continuó este lunes reafirmando las acciones de su gobierno para combatir la corrupción, promover la transparencia y consolidar un Estado más ético y responsable.
En este sentido, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), trabajan en la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), un plan que busca, además, fortalecer la confianza ciudadana y promover una cultura de integridad en todo el sector público.
Para estos fines se anunció la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, que se desplegará en todas las instituciones públicas con el fin de instruir a funcionarios, empleados y ciudadanía en la prevención, detección y denuncia de actos corruptos.
Estas se realizarán de manera anónima a través del portal www.denunciaspepca.pgr.gob.do.
ENIP
La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) se centra en cuatro pilares fundamentales: prevención de riesgos de corrupción; instituciones más abiertas, éticas y responsables; mayor transparencia con control y rendición de cuentas; y cumplimiento de estándares internacionales.
Claro, aquí tienes el contenido corregido y con las etiquetas solicitadas:A su vez se estructura en seis ejes estratégicos:
- Transparencia y Gobierno Abierto: impulso al acceso a la información, marco institucional sólido y procesos participativos apoyados en la transformación digital.
- Calidad Democrática: procesos electorales íntegros y transparentes, regulación del financiamiento político y fortalecimiento de las instituciones de control.
- Administración y Servicios Públicos: profesionalización y meritocracia, formación obligatoria en ética e integridad, cultura organizacional que fomente la denuncia segura.
- Contrataciones y Alianzas Público-Privadas (APP): procesos de compras transparentes y sostenibles, prevención de conflictos de interés e igualdad de oportunidades para proveedores.
- Control y Fiscalización de Recursos Públicos: modernización de mecanismos de control interno y externo, monitoreo con indicadores de eficiencia y transparencia y tecnología para fiscalización oportuna.
- Integridad en la Justicia y Lucha contra la Impunidad: sistema de denuncias protegido, fortalecimiento de la persecución penal, sanción a la corrupción y recuperación del patrimonio público.
Por primera vez en RD, corrupción es delito autónomo
Por primera vez en la historia de la
República Dominicana (
RD), la corrupción ha sido clasificada como un delito autónomo. Este avance significativo en el sistema judicial del país busca fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales adecuadas.
La nueva legislación ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que es un paso crucial hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacó la importancia de esta medida durante un discurso reciente. Según Abinader, la autonomía del delito de corrupción permitirá a las autoridades judiciales actuar con mayor eficacia y rapidez en la persecución de estos crímenes.
Además, se espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la imagen del país a nivel internacional, atrayendo más inversiones extranjeras y fomentando el desarrollo económico.
La implementación de esta nueva legislación ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de diversas instituciones, incluyendo el Congreso Nacional y el Ministerio Público. Estos organismos han trabajado arduamente para asegurar que la ley sea clara y efectiva, estableciendo penas severas para aquellos que cometan actos de corrupción. La sociedad dominicana espera
Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como un delito autónomo en el Código Penal (artículo 284), lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado.
Delitos y sanciones
Durante sus palabras en LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado detalló los principales tipos penales vinculados a la corrupción administrativa y sus sanciones:
- Delitos en contrataciones públicas: otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios, pagos por obras inexistentes, ser beneficiario de un contrato u omitir/ocultar información. Las penas incluyen de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación en funciones públicas por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de los fondos.
- Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: estos actos conllevan sanciones de tres a diez años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble de lo sustraído, pago de 20 a 60 salarios mínimos.
- Responsabilidad penal de las empresas: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el soborno transnacional y la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios incluye multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por hasta 10 años, decomiso de bienes y ganancias y cancelación de licencias.
- Enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas: prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes ilícitos e inhabilitación para ocupar cargos públicos y pago de 20 a 60 salarios mínimos.
- Manipulación de pagos y obras públicas, soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada: penas de prisión, multas, devolución del dinero y sanciones administrativas.
Dirección de Prensa del Presidente
La
Dirección de
Prensa del
Presidente tiene como objetivo principal coordinar y gestionar la comunicación oficial del
Gobierno. Esta entidad es responsable de la difusión de información relevante y de mantener una relación fluida con los medios de comunicación. Además, se encarga de organizar conferencias de prensa, redactar comunicados oficiales y gestionar las redes sociales del
Presidente.Entre sus funciones, también se encuentra la elaboración de estrategias de comunicación que permitan transmitir de manera efectiva los mensajes del
Gobierno. La
Dirección de
Prensa trabaja en estrecha colaboración con otras áreas del
Gobierno para asegurar que la información sea precisa y oportuna.Es fundamental que la
Dirección de
Prensa mantenga un alto nivel de profesionalismo y ética en todas sus actividades, garantizando así la transparencia y la confianza del público en la información proporcionada por el
Gobierno.
