Al acoger la petición del Ministerio Público, un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos de los procesados por formar parte de una estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, mientras que su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez deberá cumplir arresto domiciliario.
Al referirse al caso de los tres que fueron arrestados con la puesta en marcha de la Operación Onco14, la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, resaltó que el tribunal acogió de manera completa la solicitud formulada por el Ministerio Público.
“Seguiremos investigando, habrán más imputados”, enfatizó Ortiz, quien representó al Ministerio Público en el proceso junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como con los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.
“El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta, que ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos”, dijo Ortiz, al ser abordada por la prensa luego de que la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, diera a conocer la decisión.
Ortiz resaltó que la solicitud de medida fue sustentada con pruebas de carácter pericial que han llevado a la juzgadora a imponer las medidas solicitadas por el Ministerio Público. “Ello evidencia, una vez más, la contundencia de los procesos que llevamos desde esta procuraduría especializada”, dijo.
Respecto a la variación de solicitud de arresto domiciliario en el caso de una de las imputadas, reafirmó que hasta el momento el Ministerio Público no tiene ningún tipo de acuerdo de cooperación con los procesados.
“El Ministerio Público, como lo ha hecho en otras ocasiones, ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad frente a los hechos, que están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y que, por consiguiente, tienen menos interés de fugarse que aquellos que se mantienen con una defensa negativa”, añadió Ortiz.
Héctor Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán deberán cumplir la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Mujeres, de Santiago.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Durante la Operación Onco 14 fueron arrestados los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
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