El Poder Ejecutivo promulgó el pasado 7 de agosto la Ley 82-25 de Bien de Familia, que tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica del hogar.
La condición de bien de familia se otorga a aquellas propiedades en las que el Gobierno invierte recursos y protege frente a embargos o procesos judiciales que puedan comprometer la vivienda principal del núcleo familiar.
Sin embargo, estos inmuebles tienen restricciones de uso, como la imposibilidad de venta o la incompatibilidad con otros fines que no sean residenciales.