Puerto Rico aprueba legislación que penaliza la interrupción de ceremonias religiosas

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó esta semana una medida que crea un nuevo delito por interferir con actividades religiosas en Puerto Rico, convirtiendo en sancionable cualquier interrupción mediante fuerza, intimidación o violencia.

La legislación —Proyecto del Senado 503, ahora Ley 143-2025— añade un nuevo artículo al Código Penal y coloca el foco sobre un tema que, según sus proponentes, ha cobrado relevancia en los últimos años ante incidentes de confrontación en espacios de culto y manifestaciones públicas de fe.

El proyecto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, establece que una primera infracción constituirá un delito menos grave.

En caso de reincidencia, la persona enfrentaría un año de cárcel. De acuerdo con el texto legislativo, se busca “proteger penalmente el ejercicio colectivo de la libertad religiosa contra acciones arbitrarias que impidan su desarrollo social y cultural”.

La exposición de motivos asegura que ha habido episodios de interrupciones acompañadas de amenazas e intimidaciones, incluso “con la complicidad o pasividad de las autoridades públicas”.

Mediante comunicación escrita, la oficina de la gobernadora indicó que las medidas “actualizan diversas áreas del estado de derecho y atienden vacíos que afectaban la uniformidad en la aplicación de la ley”.

Otra medida firmada es la Ley 141-2025, también impulsada por Rivera Schatz junto a las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Ada Álvarez. Esta introduce un cambio en la manera en que el sistema de justicia evalúa la responsabilidad penal de víctimas de trata humana. El estatuto reconoce que, con frecuencia, quienes son sometidos a explotación terminan siendo procesados por actos cometidos bajo coerción.

La nueva ley establece que las víctimas no serán penalmente responsables cuando su involucramiento en actividades ilícitas sea consecuencia directa de su condición de explotación. Según la exposición de motivos, el temor a represalias y al castigo ha sido un obstáculo para que estas personas accedan a protección y justicia. El gobierno plantea que la medida busca corregir esa desventaja estructural.