Massiel Javier Almonte, esposa del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, presentó una querella formal con constitución en actor civil contra los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el trágico derrumbe del establecimiento que dejó un saldo de 235 fallecidos y más de 180 heridos.
La acción legal fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional a través de los abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García, en la que se exige una indemnización de 300 millones de pesos por los daños sufridos. La querella también solicita medidas de coerción tanto personales como reales contra Antonio Espaillat, Maribel Espaillat, Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, además de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., responsable de la operación del local.
Entre las solicitudes incluidas en la instancia, se pide que se autorice la inscripción de una hipoteca judicial provisional sobre los bienes de los imputados y se traben embargos retentivos por un valor de hasta 600 millones de pesos. Asimismo, se exige que se imponga una garantía económica en efectivo de 75 millones de pesos a cada uno de los querellados y que se admita la acción en representación de los hijos menores de la demandante.
Con esta nueva acción legal, el número de querellas formales en contra de los propietarios del Jet Set asciende ya a 82, mientras las investigaciones sobre el colapso continúan su curso. El hecho ocurrió durante una de las tradicionales fiestas de los lunes del Jet Set, mientras el reconocido merenguero Rubby Pérez ofrecía su presentación. El artista, quien se encontraba en el escenario al momento del derrumbe, figura entre las víctimas mortales del incidente.
Además de los responsables del local, algunas de las demandas interpuestas incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a quienes se acusa de presunta negligencia en materia de supervisión y cumplimiento de normativas de seguridad en establecimientos de entretenimiento.
Los demandantes también han solicitado al Ministerio Público que se imponga prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados, mientras el caso sigue generando gran atención pública y judicial por la magnitud de la tragedia.
