La reforma tributaria impulsada por el Gobierno dominicano quedó convertida en ley en un tiempo récord. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda y Economía como parte de una estrategia para enfrentar los efectos de la incertidumbre económica internacional, fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y posteriormente promulgada por el presidente Luis Abinader.
La normativa, identificada como Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, tiene como objetivo incrementar los ingresos del Estado en aproximadamente RD$50,000 millones mediante ajustes en distintos impuestos y contribuciones.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la legislación responde a la necesidad de fortalecer la estabilidad fiscal del país en un escenario global marcado por tensiones económicas y financieras. Las autoridades sostienen que las medidas permitirán al Estado contar con mayores recursos para enfrentar eventuales impactos derivados del contexto internacional.
El proyecto fue introducido en el Senado de la República el pasado viernes y, apenas seis días después, completó todo el proceso legislativo. Para su estudio fue conformada una comisión bicameral encabezada por el senador Pedro Catrain, junto a otros legisladores de la Cámara Alta.
Tras varias jornadas de análisis, el Senado aprobó la propuesta mediante el procedimiento de urgencia, incorporando modificaciones a varios artículos relacionados con impuestos a las bancas de lotería, exenciones arancelarias para vehículos de emergencia y otros aspectos tributarios. Posteriormente, la pieza fue remitida a la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno en dos lecturas consecutivas durante una misma sesión.
La rapidez con la que avanzó la iniciativa generó cuestionamientos desde sectores de la oposición. El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, expresó que otras reformas de gran relevancia nacional, como la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo, no han recibido el mismo nivel de prioridad en el Congreso.
Durante el debate legislativo, diputados de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana sometieron diversas propuestas de modificación. Sin embargo, estas no prosperaron debido a que su aprobación habría obligado a devolver el proyecto al Senado para una nueva revisión.
Entre las principales críticas formuladas por la oposición figura la posibilidad de que algunos beneficios salariales y productos de consumo experimenten una mayor carga tributaria. El diputado Carlos de Pérez advirtió que ciertas disposiciones podrían impactar directamente el costo de vida de los ciudadanos.
Según explicó, la ley contempla un incremento en los gravámenes aplicados a los combustibles, lo que podría traducirse en mayores costos de transporte y, en consecuencia, en aumentos de precios en distintos bienes y servicios.
También señaló que el gas licuado de petróleo (GLP) estaría sujeto a nuevos ajustes impositivos, situación que podría reflejarse en el gasto de los hogares dominicanos.
Otro de los planteamientos realizados por la oposición fue la exclusión de algunos productos de la canasta básica de determinadas exenciones tributarias. Legisladores consideraron que alimentos esenciales como el arroz, las habichuelas, los huevos y el pollo debieron recibir un tratamiento especial para evitar repercusiones en el presupuesto familiar.
Asimismo, representantes de la Fuerza del Pueblo insistieron en la necesidad de actualizar de manera integral los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme a la inflación acumulada, argumentando que los ajustes contemplados en la ley resultan insuficientes para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Pese a los cuestionamientos, algunos diputados del Partido de la Liberación Dominicana reconocieron aspectos positivos dentro de la nueva legislación. Entre ellos destacaron la eliminación definitiva del anticipo para las microempresas, la reducción de impuestos aplicables a herencias entre padres e hijos y la ampliación de beneficios fiscales para familias que tienen bajo su cuidado personas con discapacidad.
Con la promulgación de la Ley 30-26, el Gobierno pone en marcha una de las reformas fiscales más relevantes de los últimos años, mientras sectores políticos, empresariales y sociales continúan evaluando el alcance de sus efectos sobre la economía nacional.
