El gobierno del ultraderechista Javier Milei implementó este miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina, las cuales endurecen los requisitos para obtener la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas.
Dicha reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas, momento a partir del cual estará vigente. No obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que permite al Poder Legislativo anular decretos con el rechazo de ambas cámaras.
Milei, quien llegó al poder a finales de 2023, anunció durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo el endurecimiento de las políticas migratorias. El mandatario es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes. En 2024, el dirigente de extrema derecha ya había adelantado una serie de cambios.
El anuncio se realizó pocos días antes de las elecciones legislativas del domingo en la ciudad de Buenos Aires, en las que el partido de Milei busca ganar terreno político al conservador PRO, que gobierna desde hace 18 años.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que la actual política migratoria «fomenta el caos y el abuso por parte de muchas personas que están lejos de venir al país de manera honrada».
El portavoz informó a los periodistas que el gobierno facilitará la deportación de quienes hayan cometido delitos y que los inmigrantes en situación irregular y los residentes temporales deberán pagar por los servicios de salud públicos.
Anteriormente, un comunicado oficial indicó que «las facilidades extremas que existían hasta la fecha para ingresar a Argentina provocaron que, en los últimos 20 años, 1,700,000 extranjeros inmigraran de forma irregular a nuestro territorio», sin especificar cuál es su estatus actual.
De acuerdo con el último censo oficial de 2022, para esa fecha casi 2 millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población. Las nacionalidades predominantes eran la paraguaya, la boliviana y la venezolana.
La reforma «busca instaurar orden» en un sistema que «debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado», según indicó el comunicado en alusión a las políticas de mano abierta hacia los migrantes de gobiernos peronistas como los de Cristina Fernández (2007-2015).
Referentes de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que es difícil determinar la cantidad de migrantes indocumentados que se encuentran en el país, aunque los distintos programas de regularización aplicados en los últimos años han permitido regularizar la situación de «alrededor de un millón de personas».
En lo que respecta a la salud, el gobierno argumentó que miles de personas llegan desde otros países para acceder gratuitamente a tratamientos e intervenciones quirúrgicas en hospitales que dependen del gobierno nacional, lo que representa un gasto oneroso. Adorni criticó los «tours sanitarios» de personas de países vecinos que «vienen, se atienden y regresan inmediatamente a su lugar de origen».
A partir de 2024, las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Salta y Mendoza ya habían avanzado en la implementación de aranceles para el acceso a la salud pública de extranjeros con residencia precaria o provisoria. En marzo, la ciudad de Buenos Aires siguió el mismo camino.
Una ley aprobada en 2003 estableció que «no podrá negarse ni restringirse en ningún caso el acceso al derecho a la salud» a los extranjeros que lo requieran, «cualquiera sea su situación migratoria«. Además, se especifica que las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán asesorar «respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria«.
La misma ley niega el ingreso y la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos sancionados penalmente por la legislación local.
