En el poco tiempo que lleva como alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier ya enfrenta una grave denuncia por corrupción administrativa, formalizada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por los regidores Ulises Aquino Franco, del mismo partido del alcalde, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y la profesora Luz Johanna Batista Solimán, regidora del Partido Reformista Social Cristiano.
A través de la denuncia recibida por la PEPCA el pasado 3 de abril, se informa que hay más de 16 brigadas de limpieza contratadas por el alcalde para realizar operativos en diferentes puntos de la ciudad y en los cementerios municipales. No obstante, el trabajo de estas presuntas brigadas no puede ser sustentado por las autoridades municipales, ya que muchas de ellas no existieron.
«Logramos verificar, al recopilar la información de 15 brigadas, que el monto ascendía a unos RD$3 millones mensuales, con diferentes cantidades para cada una de ellas. Realizamos verificaciones, visitamos los lugares y nunca nos encontramos con un solo miembro de las supuestas brigadas», dijo el regidor Ulises Aquino.
Para Aquino, es inexplicable que, si el Ayuntamiento tiene una nómina y personal dedicados a barrer los contenes y realizar este tipo de limpiezas, no entienda por qué se utilizaban estas brigadas.
«Y lo que más nos cuestionó, es decir, lo que más nos llamó la atención, fue por qué no se llevaban al concejo. Si estas no cumplen con lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones, entonces, ¿por qué usted no las llevaba al concejo?» sostuvo.
Los contratos, sin constancia de la labor que supuestamente se realizaba los fines de semana y por la noche, fueron elaborados y firmados después de haber pasado el periodo indicado para ejecutar el supuesto servicio de recogida de desechos sólidos; incluso, algunos se hicieron el mismo día en que se emitieron los cheques.
Según esta denuncia, los cheques eran entregados a Ramón Henríquez, del Departamento de Servicios Municipales, y a Inocencio Santana, Secretario General del Ayuntamiento.
Los regidores sustentaron su denuncia tras realizar una labor de investigación, durante la cual contactaron a varias de las personas cuyos nombres aparecen en los contratos que poseen.
En la entrega de esta semana del programa N Investiga se presentó un audio que muestra cómo era el modus operandi de ese pago y el cobro inmediato hacia atrás.
Por ejemplo, el contrato firmado por Juana Isabel Jiménez tiene una duración de un mes, desde julio de 2024 hasta agosto de 2024, por un monto de RD$ 127,000, que fue pagado inmediatamente después de que el servicio terminó el 15 de julio de 2024.
En el programa también se presentó el contrato número 101-2024 firmado por el alcalde, donde establece “que se ha convenido y pactado primero que el señor Carlos Jairo Beras tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la brigada de recogida de desechos sólidos en el centro de la ciudad de la tanda nocturna y los domingos, que se efectuarán oportunamente. Las partes acuerdan que dicho operativo durarán dos meses, iniciando el 20 de agosto hasta el 20 de octubre y el precio convenido es de RD$200 mil y se agrega en el párrafo quinto de que estas brigadas utilizarán el combustible del Ayuntamiento y los equipos de la institución”.
El alcalde, en conversación con el programa N Investiga, admitió que el pago se realizaba a través de terceros debido a la informalidad de los trabajadores, resultado de la falta de personal dominicano disponible.
De acuerdo con su explicación, el contrato está a nombre de una persona, y esa persona se encarga de hacer el trabajo de pagarles a ellos, trámite que, a su juicio, está documentado.
Es vergonzoso leer estos contratos porque no se especifican ni el lugar ni los horarios en los que se va a brindar el servicio, ni la cantidad de personas que deben ser contratadas. Tampoco se incluye un RNC ni un registro de proveedor del Estado de los contratantes, lo cual es un requisito indispensable para poder contratar con el Estado.
Además del sistema de pago en efectivo, hay otros elementos que generan cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterla al consejo de regidores ni a la Ley de Compras y Contrataciones, y la falta de precisión en los contratos sobre las condiciones.
Además del sistema de pago en efectivo, hay otros elementos que generan cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterse al consejo de regidores ni a la Ley de Compras y Contrataciones, y la falta de precisión en los contratos sobre las condiciones.
Existen diferentes montos para estas brigadas. El contrato firmado por Félix María de la Cruz fue de RD$225,000 por dos meses. Otro contrato, el de Víctor Manuel Eduardo Luis, fue por un mes y ascendió a RD$158,000. El contrato de Ferdinand Andrice también fue por un mes, con un monto de RD$144,547. El de Jesús Mercedes fue por un mes y alcanzó los RD$289,000. Raúl Guzmán Carrasco firmó un contrato por un mes por RD$160,209.50, y el de Luis Elpidio Rosario también fue por un mes, por RD$160,209.50.
El alcalde también explicó que está haciendo esfuerzos por contratar personal dominicano y documentado; sin embargo, es todo un desafío, al punto de que el reclutamiento se realiza en las afueras del taller de la Alcaldía, donde se vocifera si alguien está interesado, ya que las convocatorias en las redes sociales no generan ninguna atención.
Claro, por favor proporciona el párrafo que deseas que corrija.
El ruido en el Ayuntamiento de La Romana no se limita solo a las brigadas fantasmas, sino también a las licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a familiares y empleados. Un ejemplo de esto es la compra de artículos ferreteros por RD$445,050 el 19 de julio de 2024 a la empresa Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político del alcalde. Este último intentó minimizar la situación alegando que el monto de la contratación era insignificante.
También se adjudicó un contrato de 424,800 pesos por «servicio de almuerzo para empleados» en diciembre de 2024 a Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es Andrés Manuel Pichardo Canela, hijo de Carlos Juan Pichardo, encargado de Espacios Públicos del Departamento de Planeamiento Urbano. El alcalde intentó justificar esto basándose en la categoría del empleado, en que no es su familiar y en que supuestamente fue la mejor oferta.
La Ley 340-06 es clara al establecer en su Artículo 14 que no podrán participar en procedimientos de contratación: “personas físicas o jurídicas cuyos propietarios, socios o accionistas, administradores o representantes sean cónyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios”.
Es decir, un hijo, sobrino, cuñado o sobrino político de un funcionario no puede ser adjudicatario. Además, la Constitución de la República, en su artículo 146, prohíbe el nepotismo y el uso de influencias para favorecer a familiares con recursos públicos, por lo que quienes incurran en estas prácticas podrían ser sancionados con el impedimento de optar a cargos públicos por diez años.
Además, se suma otra irregularidad en esta última licitación de la comida. Aunque la adjudicación se realizó en diciembre, la empresa no estaba registrada como proveedora del Estado hasta el 28 de enero de 2025, y el acta de adjudicación se subió al portal público dos días después, el 30 de enero.
