El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió al comunicado emitido el jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados, y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez, reafirmó el derecho de la República Dominicana, como estado soberano e independiente, a aplicar sus propias leyes migratorias.
República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
«La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano», abunda el documento.
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.