En el país dos sucesos de este tipo con diferencia de una semana, en Santiago y Santo Domingo, han dominado la opinión pública, publicada y enredada, y han puesto a las autoridades en tal atención y acción que hasta el Presidente de la República ha fijado posición severa contra estos delincuentes.
En tiempo récord los dos hechos delictivos han sido “resueltos” en el ámbito policial y del ministerio público, con la captura o eliminación de los presuntos participantes en las acciones criminales que cargaron, en conjunto, un botín de más de 7 millones de pesos y cerca de cuatro mil dólares.
Especulaciones de prensa sobre el caso de Santiago y detalles simulados por los delincuentes en la escena de Santo Domingo fueron desmentidos por los hechos para descartar la participación de extranjeros y conexiones con bandas internacionales, así como evitar aterrorizar la gente e insuflar morbo mediático.
Queda en el entredicho, como asignatura reprobada, la recurrencia al viejo método del “intercambio de disparos” que trata de justificar ejecuciones extrajudiciales de presuntos participantes en los hechos, a quienes se les cargan ahora culpabilidades póstumas por lo no aclarado y no recuperación del total robado.
A antisociales pasados y potenciales, las autoridades envían un mensaje contundente de que acciones antijurídicas de este tipo son resueltas con rapidez inusual y dureza extrema porque se trata de atentados a cimientos del sistema político y económico que son reprendidos con todo el poder del Estado.
