En República Dominicana, la eliminación de vertederos a cielo abierto sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes crearon en diciembre del 2021 el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos.
La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20, estableció plazos para cerrar los vertederos, pero la realidad muestra que el problema persiste, preocupando a los residentes de diversos municipios.
El ambientalista Luis Carbajal criticó la ley por dar control financiero al sector que más desechos produce y por la falta de reconversión efectiva de vertederos. Además, señaló que la reubicación enfrenta resistencia social.
Carbajal duda que la ley se cumpla para el 2025, considerando el ritmo actual y las limitaciones financieras. Aunque el presidente Luis Abinader expresó optimismo, otros funcionarios admiten que el progreso ha sido limitado.
El Fideicomiso, con una primera etapa planificada para el período 2022-2023, ha intervenido varios municipios, pero aún queda mucho por hacer. Los objetivos incluyen operar estaciones de transferencia y cerrar vertederos a cielo abierto.
El difunto ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, consideró el proyecto histórico debido al grave impacto ambiental y en la salud que generan los vertederos.
