La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial, acogiendo la solitud del Ministerio Público, revocó la decisión del Tribunal de Atención Permanente y estableció la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y dos mujeres de nacionalidad venezolana, imputados de pertenecer a una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en Santiago.
El tribunal, que integran los jueces Wilson Moreta, Acassia Reyes y Annelis Torres, dejó sin efecto la 01646/23 d/f del 28 de agosto del presente año, recurrida por el Ministerio Público, que imponía la presentación periódica e impedimento de salida del país en contra de Wilyeisy Rodríguez De Gouvea (a) Fabiana, Ircar Saulimar Romero Pérez y Albert Martire De Jesús.
Los jueces aceptaron como buenos y validos los argumentos presentados en el recurso de apelación ipor la fiscal Kirsa Abreu, de la fiscalía de Santiago, y sustentados por el procurador de corte Santos Siri y la fiscal Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), motivando la variación de la medida a prisión preventiva por tres meses.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos, lo que convierte el caso, como lo determinó el tribunal, de tramitación compleja, que los imputados no presentan arraigo, por lo que aplicar una medida que no sea la prisión preventiva, mantiene vigente el peligro de fuga y que los mismos puedan destruir pruebas que los incriminen.
Los imputados fueron arrestados mediante varios allanamientos realizados por la PETT, en coordinación con la Fiscalía de Santiago y el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.
El operativo fue realizado por las autoridades en la Torre Real VI, Torre I, del sector Nibaje, Santiago, lugar del que fueron rescatadas siete mujeres, seis de nacionalidad colombiana y una venezolana, las cuales eran retenidas y explotadas sexualmente por sus captores a cambio de dinero.
La investigación de esta estructura criminal inició por parte del Ministerio Público, luego de que dos de las victimas lograron escapar e informaron a las autoridades sobre la actividad realizada por sus captores en contra de ellas y de las demás mujeres retenidas, en condición de secuestro.
