5 Diciembre 2025

SCJ aprueba protocolo de entrevistas forenses para víctimas y testigos

Esta medida reafirma la facultad reglamentaria de la Suprema Corte para salvaguardar la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad.

  • Brenda Nuñez
  • lunes 04 agosto, 2025 - 6:40 PM
  • 3 minutos de lectura
Teleuniverso

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, en cumplimiento de la sentencia TC/0522/23 emitida por el Tribunal Constitucional.

Dicha sentencia establece que la reglamentación de los procedimientos relativos a entrevistas forenses es competencia exclusiva del Pleno de la SCJ, como órgano responsable de normar aspectos vinculados a la función jurisdiccional.

El protocolo define el marco operativo para la realización de entrevistas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y otros grupos que enfrentan barreras para acceder al sistema de justicia. Estas entrevistas serán consideradas como anticipo de prueba, garantizando que los testimonios se obtengan de forma respetuosa, segura y conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Entre sus objetivos destacan la prevención de la victimización secundaria, la garantía de confidencialidad, la promoción del acceso efectivo a la justicia y la estandarización de los procedimientos en los Centros de Entrevistas Forenses.

La elaboración del protocolo se fundamenta en el mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros instrumentos internacionales.

El protocolo entrará en vigor una vez sea publicado en el portal institucional y su implementación estará acompañada por un proceso de capacitación dirigido a jueces, juezas y operadores del sistema, bajo la coordinación de la Escuela Nacional de la Judicatura.

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