El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago la imposición de un año de prisión preventiva para un miembro del Ejército vinculado a una estructura criminal de tráfico ilícito de migrantes, procesado por un caso en el que murieron 13 haitianos, incluyendo una niña de tres meses y un niño de cuatro años.
Francis Guzmán Martínez, miembro del Ejército, y el chofer Ygnacio Leocadio Espinal Martínez formaban parte de una amplia estructura de criminalidad organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, específicamente de personas de nacionalidad haitiana, y sobre la cual el Ministerio Público ha identificado a 17 integrantes.
Las investigaciones revelaron que el chofer sometido a la justicia era conocido en la zona fronteriza como traficante de indocumentados, mientras que el militar proporcionaba los medios para el funcionamiento de la estructura.
El órgano persecutor de los delitos solicitó la prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados, mediante una instancia presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la cual fijó la audiencia para conocer la medida de coerción para este martes 29 de abril de 2025.
Además de Guzmán Martínez y Espinal Martínez, la estructura criminal estaba compuesta por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores y Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín), quienes actualmente se encuentran bajo medidas de coerción.
Igualmente, debido a su vinculación en la red, son perseguidos Jesús Antonio Rodríguez Álvarez (Nene), César Williams Fernández Toribio (Puli), José Ramón Fernández Monción (Jochi), Juan Carlos Toribio Marte (Toribio), Marcos Capellán Muñoz (Maicol), Juan Carlos Guzmán Ortega, John Popolo y otro hombre identificado como «El Zurdo».
Además de otros eventos, esta red de crimen organizado está vinculada al incidente en el que murieron 13 haitianos, ocurrido el 6 de agosto de 2023. En esa ocasión, el grupo de indocumentados era transportado de manera clandestina a bordo de una yipeta que cayó en un canal de riego en el tramo carretero Peñuela-Navarrete, mientras intentaban evadir los controles migratorios.
Los 13 cadáveres fueron hallados por las autoridades dentro de la yipeta.
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La investigación está a cargo de las fiscales Yoanna Bejarán y Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como de la Fiscalía de Santiago, representada por Quirsa Abreu (titular) y Joanna García, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
Según las investigaciones, el grupo criminal operaba en el territorio dominicano, utilizando las vías terrestres a través de la frontera norte del país con Haití para introducir a miles de indocumentados en la provincia de Santiago. A estos les cobraban sumas de dinero que oscilaban entre RD$8,000 y RD$17,000.
Diversas pruebas documentales, testimoniales, materiales, periciales y audiovisuales respaldan la solicitud de medida de coerción por la violación de varios artículos de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
