El Ministerio Público de Ecuador solicitó el jueves a la justicia prisión preventiva para 13 de los 14 acusados, entre ellos jueces, exjueces, funcionarios judiciales, abogados y policías, por su presunta participación en actos de corrupción y liberación irregular de criminales peligrosos mediante el abuso del sistema legal.
La Fiscalía también pidió medidas cautelares para la única acusada restante, incluida la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas, debido a su embarazo.
Los implicados enfrentan cargos por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por su presunta participación en la interposición de recursos ante jueces de zonas rurales para obtener la liberación irregular de criminales peligrosos o implicados en casos de corrupción destacados.
La fiscal general, Diana Salazar, destacó que el abuso de acciones legales para liberar a delincuentes peligrosos se ha convertido en un problema generalizado en el sistema judicial y enfatizó en la necesidad de continuar con la depuración.
Las detenciones se llevaron a cabo luego de 25 allanamientos en varias provincias del país, donde se recogieron pruebas como computadoras y documentos.
Este caso surge después de una investigación que reveló la infiltración del narcotráfico en la justicia, policía y política, desencadenada por mensajes encontrados en teléfonos celulares de un narcotraficante asesinado en prisión.
La policía también llevó a cabo una operación contra extorsionadores, resultando en la detención de 56 personas en 72 allanamientos en cinco provincias. Entre ellos, tres presuntos líderes de redes de extorsión y uno con una colección de relojes Rolex.
El director de investigación de la policía destacó el aumento de la modalidad virtual de extorsiones y anunció medidas para combatir estos delitos, con un alto porcentaje de efectividad en la resolución de casos.
En cuanto a los casos de secuestro y extorsión, se reportaron 1.697 extorsiones y 335 secuestros en todo el país entre enero y marzo de 2024.
