Tribunal autoriza ejecutar sentencia de EE. UU. contra la JCE por más de US$906 mil

Santo Domingo.-Un tribunal del Distrito Nacional autorizó ejecutar en la República Dominicana una sentencia de Estados Unidos que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar más de US$907 mil a una empresa por servicios logísticos contratados en el extranjero que no fueron pagados. 

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió la solicitud de exequátur presentada por la empresa, mecanismo legal que permite reconocer y ejecutar en el país una sentencia dictada por un tribunal extranjero.

La condena fue emitida el 21 de noviembre de 2025 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York e incluye el pago de US$838,337.50 por los servicios prestados, US$48,370.93 por intereses previos al juicio y US$20,628.00 por intereses posteriores al fallo, para un monto superior a US$906 mil.

Además el expediente establece que Latin Events aseguró haber sido contratada por la JCE en agosto de 2023 para ofrecer servicios logísticos durante actividades institucionales en el extranjero. Sin embargo, afirmó que, pese a cumplir con lo acordado, la institución no realizó el pago correspondiente.

Ante esa situación, la empresa recurrió a la justicia estadounidense. De acuerdo con la resolución, la demanda fue notificada en una oficina de la JCE en Nueva York, pero la institución no compareció al proceso ni presentó defensa, por lo que el tribunal dictó sentencia en rebeldía. Al no presentarse apelación dentro del plazo establecido, la decisión adquirió carácter definitivo.

Al evaluar la solicitud, el tribunal dominicano comprobó que la sentencia extranjera cumplía con los requisitos previstos en la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, entre ellos que fuera definitiva, estuviera debidamente apostillada y traducida al español, y que su contenido no contraviniera el orden público nacional. 

Con esta decisión, la sentencia podrá ejecutarse en territorio dominicano, lo que habilita a la empresa a utilizar los mecanismos legales correspondientes para reclamar el pago de la condena.