Tribunal de Santiago decidirá medidas de coerción contra presunta red de estafadores

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago tiene previsto conocer este lunes la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra diez personas señaladas de integrar una supuesta organización criminal dedicada a delitos como estafa, extorsión, chantaje y lavado de activos.

Según las autoridades, la estructura habría operado desde el distrito municipal de Jacagua y mantenía un esquema de captación de víctimas a través de medios digitales. La investigación apunta a que gran parte de los afectados residían en Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente, los imputados presuntamente utilizaban redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras herramientas tecnológicas para contactar a las víctimas. Posteriormente, las amenazaban haciéndose pasar por integrantes del Cártel de Sinaloa, con el objetivo de generar temor y obtener pagos de manera fraudulenta.

Entre los acusados figuran Carlos José Parra Laguar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

La Fiscalía sostiene que el grupo no solo obtenía recursos mediante extorsiones, sino que también habría realizado operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos, incurriendo presuntamente en actividades de lavado de activos.

Como parte de las investigaciones, las autoridades ejecutaron múltiples allanamientos en Jacagua y otros sectores de Santiago, donde ocuparon dispositivos electrónicos, documentos y diversas evidencias que ahora forman parte del proceso judicial.

El Ministerio Público ha solicitado que se imponga prisión preventiva por un período de 12 meses a todos los imputados y que el caso sea declarado complejo, argumentando que se trata de una estructura con ramificaciones internacionales y un elevado volumen de pruebas por analizar.

La decisión que adopte el tribunal será determinante para el desarrollo de las investigaciones y para definir las condiciones bajo las cuales los acusados enfrentarán el proceso penal.