El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó que se mantenga en prisión a cuatro de los implicados en una presunta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, acusados de sustraer al menos 900 mil proyectiles de la institución.
La magistrada Yanibet Rivas ratificó la medida de coerción contra los implicados durante la revisión de la solicitud de la prisión preventiva que se les había impuesto.
El tribunal ordenó que se mantuviera en prisión al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la Custodia de las Armas y Municiones; al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; al segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; y al raso Moreibín Medina Pérez.
El grupo permanece recluido en el centro de detención de militares de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
En la audiencia, los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal que ratificara la medida de coerción, alegando peligro de fuga y la posibilidad de que pudieran entorpecer el proceso.
Es importante recordar que la magistrada Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a siete de los diez policías acusados del robo de municiones en la Policía Nacional.
A los otros tres se les impuso una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. A la civil Miguelina Bello Segura se le dictó prisión domiciliaria en su residencia en Pedernales.
En este caso, están en prisión preventiva el coronel Féliz Romero, Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina; y el raso Rubiel Martínez.
Mientras mantienen la garantía económica, el impedimento de salida y la obligación de presentación periódica, el capitán Víctor Manuel Santos, auditor, cuenta con una garantía económica de tres millones de pesos, y el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, con una garantía económica de dos millones de pesos.
