El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto emitir este lunes la sentencia correspondiente al proceso judicial seguido contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros 29 imputados vinculados al denominado caso Coral, considerado uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en la República Dominicana.
La decisión estará a cargo de las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes evaluarán los argumentos presentados durante un juicio que se prolongó por aproximadamente cinco años. El Ministerio Público ha solicitado condenas de hasta 20 años de prisión para los señalados como principales responsables de la presunta estructura delictiva.
Entre los acusados para quienes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicita la pena máxima figuran Adán Cáceres Silvestre, Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou. Asimismo, el órgano acusador ha pedido 15 años de prisión para la pastora Rossy Guzmán y una condena de cinco años para Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades durante las investigaciones.
De acuerdo con la acusación, la red habría desviado más de 4,500 millones de pesos provenientes de instituciones estatales entre los años 2012 y 2020. Las operaciones presuntamente involucraban recursos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Según el expediente, uno de los mecanismos utilizados consistía en retener gran parte de los salarios asignados a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incluidos en nóminas institucionales, entregándoles solo una fracción de los montos correspondientes.
Además de las posibles condenas, el tribunal deberá pronunciarse sobre la solicitud de decomiso de numerosos bienes, entre ellos propiedades, vehículos de alta gama y otros activos que el Ministerio Público procura incorporar al patrimonio del Estado.
Durante sus palabras finales ante el tribunal, Adán Cáceres rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que el proceso responde a un abuso de poder. También insistió en que no existen pruebas suficientes para demostrar la alegada asociación de malhechores que le atribuye el órgano persecutor.
La sentencia marcará un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa y definirá el futuro judicial de los acusados en un caso que ha mantenido la atención pública desde el inicio de las investigaciones.
