Tras demostrar el Ministerio Público la vinculación de un miembro del ejército al tráfico ilícito de migrantes en un caso en el que murieron 13 personas de nacionalidad haitiana, un tribunal impuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva al procesado.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el caso como complejo y le impuso la medida privativa de libertad revisable cada tres meses a Francis Guzmán Martínez, miembro del ejército, y al chofer Ignacio Leocadio Espinal Martínez.
El fiscal litigante Elvin Ventura estableció la vinculación al caso de ambos procesados con diferentes evidencias presentadas ante la jueza Yiberty Polanco Herrand. Ambos imputados formaban parte de una amplia estructura de criminalidad organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, específicamente con personas de nacionalidad haitiana, y en la cual el Ministerio Público ha identificado a 17 de sus integrantes.
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que el chofer sometido a la justicia era reconocido en la zona fronteriza como un traficante de indocumentados, mientras que el militar facilitaba los medios para la operatividad de la estructura. Además de Francis Guzmán Martínez e Ignacio Leocadio Espinal Martínez, la estructura criminal estaba compuesta por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco
