Saludos amigos. ¿Cuál es el conflicto alrededor del Parque Nacional Jaragua y qué impacto tiene una decisión del Tribunal Superior Administrativo sobre esa área protegida? La pregunta de hoy nos lleva a explicar un conflicto de naturaleza jurídica y constitucional muy interesante.
Por sentencia, el Tribunal Superior Administrativo ha ordenado reducir un área del Parque Nacional Jaragua, que está ya en la puntita suroeste del país, casi con la frontera con Haití, área de Bahía de las Águilas, Pedernales, etcétera.
Y con la decisión, el Tribunal ha favorecido a unos herederos que desde la época de Trujillo están reclamando unos terrenos que se creía y se suponía que eran testaferros de Trujillo, que eran terrenos públicos.
Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha reducido el área de un Parque Nacional Jaragua para permitir la explotación turística en la zona.
El Ministerio del Medio Ambiente ya ha advertido de la situación y dice que va a atacar judicialmente esa decisión del Tribunal Superior Administrativo que podría dar paso a la explotación comercial de la zona. Y está en conflicto aquí porque se quiere establecer un polo turístico en Baraona, en Pedernales, Independencia y Bahoruco, en toda esa zona.
Y hay parte del Parque Nacional Jaragua que está comprometido y de Bahía de las Águilas. El asunto es que el Tribunal Superior Administrativo le ha dado ganancia de causa a los que han reclamado esto y se ha hecho al margen de lo que establece la Constitución, de que las áreas protegidas no pueden ser reducidas.
Además, la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Protegidas le da categoría de protección junto a lo que dice la Constitución en el artículo 67 sobre protección del medio ambiente, de manera que lo que ha hecho el Tribunal Superior Administrativo va a permitir que se explote comercialmente un área que está bajo una protección.
Y una decisión de un tribunal no puede contravenir la ley, ni mucho menos la Constitución. Y además, la Ley de Áreas Protegidas es una ley que tiene carácter de orgánica. Para cualquier cambio, requiere de una mayoría agravada.
El tema es que el conflicto se plantea porque se pretende permitir usar una parte del área protegida para proyectos turísticos de una empresa privada.
Y ahí está el tema, que por ahí podría desencadenarse, además de que se trata de un conflicto que se arrastra desde la época de Trujillo, porque se entiende que estos señores, estas familias, eran unos testaferros del régimen. Y la porción de terreno que está reclamando como empresa Inversiones del Sur es de nada más y nada menos que de 12 millones y medio de metros cuadrados. Este caso es de lo más interesante y aparenta que la decisión final tendrá que adoptarla el Tribunal Constitucional, porque de seguro que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales va a acudir a la más alta instancia del ordenamiento constitucional dominicano. Gracias. Hasta un nuevo comentario.
