En una contundente declaración que resalta una problemática persistente en el sistema judicial de la provincia, la presidenta provincial del Colegio de Abogados, Viviana Royer, denunció la existencia de un significativo vacío judicial en el Palacio de Justicia, Romero Confesor. Royer señaló que esta carencia, junto con la insuficiencia de fiscales en la jurisdicción, está afectando tanto a los abogados como a los privados de libertad, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales debido a la lentitud y deficiencias en los procesos legales.
Según la presidenta, esta situación no solo dificulta el trabajo de los profesionales del derecho, sino que también profundiza las desigualdades en el acceso a la justicia. «Estamos enfrentando una crisis que pone en jaque el sistema de justicia local y afecta directamente a quienes dependen de él para defenderse o buscar justicia», afirmó Royer. Además, destacó que esta problemática es especialmente preocupante en los casos de personas en prisión preventiva, quienes permanecen en condiciones precarias a la espera de audiencias que tardan meses o incluso años en realizarse.
La dirigente gremial hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y efectivas con el fin de corregir estas deficiencias estructurales. «Es nuestra responsabilidad como abogados luchar por un sistema que garantice justicia para todos. No descansaremos hasta que esta falta sea corregida», expresó.
Impacto en los Procesos Judiciales
El déficit de fiscales ha provocado un aumento en los retrasos de los casos judiciales. Abogados de la provincia han reportado que audiencias preliminares y juicios de fondo están siendo pospuestos repetidamente debido a la imposibilidad de asignar fiscales a tiempo. Este retraso no solo frustra a los profesionales del derecho, sino que también genera un ambiente de desconfianza en la población hacia las instituciones judiciales.
Llamado a la Acción
Royer enfatizó que el gremio de abogados está dispuesto a colaborar con las autoridades para buscar soluciones conjuntas. «Necesitamos que se nombre personal capacitado y se incremente el número de fiscales en nuestra provincia. La justicia no puede ser selectiva ni discriminatoria; es un derecho básico que debemos garantizar», concluyó.
El Colegio de Abogados de Monseñor Nouel está organizando reuniones y gestiones con representantes del Ministerio Público y otras autoridades judiciales para exponer la magnitud del problema. Además, se planea una serie de actividades de incidencia que incluyen foros públicos y mesas de trabajo, con la intención de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo.
Por ahora, los ojos de la comunidad jurídica y de la sociedad civil están puestos en las acciones que puedan tomar las autoridades para resolver este vacío judicial que afecta tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos más vulnerables de la provincia.
Con información de Johnny Alcántara
