El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 9 de mayo el juicio de fondo contra casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral, que involucra al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en gobiernos anteriores.
El aplazamiento se debió a la falta de representación legal de dos acusados, entre ellos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, cuya gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria es Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como la pastora Guzmán Sánchez, está acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y testaferro, y está representada por un defensor público, quienes no pueden defender empresas. Varias audiencias se han postergado por esta situación.
El caso de corrupción está liderado por los exjefes del Cusep y Cestur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.
La primera audiencia del juicio de fondo, relacionada con un caso de malversación que asciende a 4,500 millones de pesos, estaba programada para el 26 de octubre, pero el Ministerio Público aún no ha iniciado la lectura del expediente de la acusación.
Las juezas también declararon en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante legal no asistió a la audiencia.
El tribunal dio un plazo de tres días a Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado, ya que se presentó sin uno. Por otro lado, Esmeralda Ortega Polanco anunció a Francisco Manzano como su nuevo abogado, a quien se le otorgó tiempo para preparar su defensa.
Finalmente, las juezas rechazaron una solicitud de reposición de plazos presentada por Ortega Polanco.
