Yeni Berenice Reynoso revela cambios en el Ministerio Público con cámaras corporales en abril

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó este lunes una serie de medidas orientadas a modernizar y fortalecer el Ministerio Público, entre ellas el uso de cámaras corporales, la implementación de la firma digital y nuevos modelos de actas estandarizadas, a partir del 1 de abril de 2026.

Modernización del Ministerio Público

Mediante un discurso con motivo del Día Nacional del Ministerio Público, Reynoso afirmó que la institución debe ser vista como “un arquitecto de la paz social”, cuya misión no solo se limita a perseguir el delito, sino también a proteger a la sociedad y garantizar la convivencia pacífica.

Asimismo, la procuradora detalló que la transformación institucional se apoya en el fortalecimiento del capital humano, la tecnología, la transparencia, la meritocracia y la formación continua de fiscales e investigadores, con el objetivo de ofrecer un servicio de justicia más eficiente, digno y accesible para todos los ciudadanos.

Acciones Implementadas

Entre las acciones ya implementadas, resaltó la apertura de fiscalías comunitarias, la tecnificación del sistema del Ministerio Público, la instalación de sistemas de videovigilancia en 37 distritos judiciales y la entrega de nuevos equipamientos, medidas que buscan mejorar la capacidad de investigación y respuesta ante el crimen.

Nuevos Modelos de Procesamiento

Reynoso también adelantó que se trabaja en un nuevo modelo de procesamiento de escenas del crimen en coordinación con la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) y en una propuesta de fondo de retiro para fiscales, con el propósito de garantizar condiciones dignas para quienes han dedicado años al combate de la criminalidad.

La funcionaria reiteró que el objetivo es construir un Ministerio Público más independiente, eficiente y cercano a la ciudadanía, capaz de enfrentar delitos como la corrupción, el crimen organizado y la violencia, al tiempo que fortalece el Estado de derecho en la República Dominicana.