19 Septiembre 2024

Dictan auto de apertura a juicio de fondo contra imputados en caso de Los Tres Brazos

Teleuniverso

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió el miércoles de forma parcial el pedimento del Ministerio Público y ordenó apertura a juicio en contra de varios de los imputados en el caso por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.

El tribunal dictó el auto de apertura a juicio en contra de los implicados Leoncio Almánzar Objío, Irving Cruz Crespo, Manuel Aybar Ferrando, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y Lisetel González, a quienes el órgano acusador imputa los hechos de forma  en la que enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

Los procuradores fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción administrativa (PEPCA), presentaron el pasado 29 de julio ante el tribunal de alza un recurso de apelación en el que solicitaban la revocación de la decisión del exjuez Juan Francisco Consoró, quien favoreció con un auto de no ha lugar a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresa Estatales (CORDE), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal de sector Los Tres Brazos.

El fallo fue emitido el miércoles 27 de diciembre por los jueces Doris Pujol, Rafael Báez e Indhira Montás.

La procuradora fiscal Rosa Pichardo, una de las litigantes del Ministerio Público en este proceso, declaró a medios de comunicación que, en la próxima etapa de juicio, el órgano persecutor hará valer las pruebas contra los acusados.

La litigante señaló que el Ministerio Público van a estudiar los recursos y dará respuesta en los próximos días sobre los demás imputados que no fueron enviado a juicio de fondo.

Según el expediente acusatorio, los acusados en el Caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.

En todo el proceso judicial, el Ministerio Público estuvo representado, además de Pichardo, por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.

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