El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la ley 1-24 que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado.
Dicha legislación fue discutida en ambas cámaras del Congreso Nacional, el cual fue consensuada con los sectores empresariales y el sistema financiero dominicano, en particular.
La Sociedad Dominicana de Diarios, expresó su inquietud por la presunta ambigüedad de ciertos artículos de la ley que podrían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad de las personas.
El artículo N.º 11 fue que causó más confusión entre los miembros de esa entidad el cual obligada a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información al DNI, el cual pueda afectar la seguridad nacional.
Esta nueva ley permite a la DNI acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones.
Esta tiene como objetivo lograr un respaldo significativo en los procedimientos de investigación de actos ilícitos por parte de la Procuraduría General.
La parte operativa de la DNI estará sustentada en el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) formado por todos los organismos y órganos independientes y coordinados de manera funcional, encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
La recién promulgada ley establece que en lo adelante la Dirección Nacional de Investigaciones ya no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino que operará bajo la supervisión del presidente de la República Dominicana.
Asimismo, la entidad oficial también contará con autonomía presupuestaria, el cual regulará los fondos destinados a tareas de inteligencia y contra inteligencia de las agencias investigadoras, de acuerdo con la legislación vigente.
La nueva ley permite a la DNI acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones.
