Una controversial ley migratoria está en el centro de una batalla entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos.
La Corte Suprema de EE.UU. decidió el martes por la tarde que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados.
En tanto, dejó la revisión de su legalidad en manos de un tribunal federal inferior. Pero en la noche del mismo martes, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. detalló que, tras una votación de 2-1, anuló un fallo de otro tribunal que permitía su aplicación, a la espera de los alegatos del gobierno de Texas.
Asimismo, se espera que este miércoles se produzcan los argumentos orales.
La SB4 autorizó a la policía local y estatal arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México.
El gobierno del presidente Joe Biden, expresò que la ley de Texasviola la Constitución y las leyes federales,al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración.
Y es que la aplicación de las leyes de inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno federal.
La SB4 pretende otorgarles ese poder a los funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México.
Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., y antes de la resolución del tribunal federal de apelación, el gobierno de México aseveró que reprobaba su entrada en vigor.
«México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas», indicó la Cancillería mexicana en un comunicado.
Hasta 20 años de cárcel
Las tres juezas progesistas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon con la decisión del alto tribunal.
«El tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos», puntualizó Sotomayor.
Dicha ley podría «perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o trata», añadió.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas,hospitales y lugares de culto.
También contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona.
La SB4 se convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Al firmar la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden, para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción deliberada de Biden, ha dejado a Texas a su suerte», afirmó.
El reglamento ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por considerarla «antiinmigrante».
«México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial», indicó la Cancillería mexicana este martes.
