El departamento del Cauca, históricamente afectado por el conflicto armado colombiano, enfrenta una nueva ola de violencia tras una breve tregua tras los acuerdos de paz con las FARC.
En las últimas semanas, la población vive en constante temor mientras el Estado lucha por controlar la situación.
En la madrugada del lunes, la estructura Jaime Martínez, parte de las disidencias de las FARC, atacó con explosivos la estación de policía y el Banco Agrario en Morales, Cauca, resultando en cuatro muertos, tres heridos y un robo de cincuenta millones de pesos. Entre los fallecidos estaban dos patrulleros y dos civiles.
También, se registraron ataques en Dagua, Suárez y Jambaló. Dos días antes, un explosivo en Miranda, colocado por la estructura Dagoberto Ramos, mató a un niño de 10 años y a un hombre de 67 años, hiriendo gravemente a la madre del niño. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha criticado al presidente Gustavo Petro por la falta de seguridad en la región.
En tanto, el 17 de marzo, las disidencias asesinaron a la líder indígena Carmelina Yule Paví en Toribío, lo que llevó al presidente Petro a suspender el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, intensificando los enfrentamientos. En abril, una ofensiva militar en Argelia resultó en la muerte de 15 miembros del frente Carlos Patiño y, en represalia, las disidencias mataron a cuatro soldados.
El presidente Petro ha ordenado un consejo de seguridad permanente y ha destituido al comandante del Ejército, nombrando al general retirado Luis Emilio Cardozo. Se anunció una recompensa por información sobre los cabecillas de la estructura Jaime Martínez y el despliegue de 100 carabineros adicionales, junto con una inversión en tecnología de reconocimiento facial.
Dicho gobierno justifica la violencia como una respuesta a sus operaciones, pero críticos como el senador Ariel Ávila sugieren reconsiderar el proceso de paz con las disidencias. Otros, como la senadora Paloma Valencia y la representante Catherine Juvinao, culpan al gobierno por permitir que las disidencias fortalezcan su control.
El senador Ferney Silva del Pacto Histórico sugiere que la lucha contra las drogas ha afectado las finanzas de los grupos disidentes, forzándolos a recurrir a la violencia.
La crisis en el Cauca refleja la incapacidad del Estado para mantener la paz y la complejidad del conflicto armado en Colombia.
La comunidad local y observadores esperan que las nuevas medidas de seguridad y la inversión en tecnología puedan reducir la violencia y la criminalidad en la región.
