Acogiendo en todas sus formas la solicitud de la Fiscalía de Santiago, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso 12 meses de prisión preventiva y declaró de tramitación compleja el proceso contra seis imputados de cometer el homicidio de un hombre en medio del asalto a mano armada que perpetraron en la entidad financiera Banco de Reservas, del sector La Barranquita, el pasado mes, de donde huyeron con dinero en efectivo y provocaron heridas de armas de fuego a otras dos personas.
La Fiscalía de Santiago, representada en la audiencia de medida de coerción por los fiscales Martha González y Elvis Ventura, desarrolló delante del tribunal el esquema bajo el cual operó la estructura criminal, integrada por Danny Manuel Pimentel de la Cruz, Willmi Pie (ciudadano haitiano), Joel Fontanilla García (Victorino y/o Victoriano), Carlos Rafael Rodríguez Báez (Carlitos), Gregorio Núñez Polanco (Niño Pepe) y Jairo de Jesús Estévez Rodríguez, todos enviados a prisión, así como Gerardo Antonio Ramírez García (el Tuerto) y Yenrry Manuel González García, estos dos últimos prófugos.
Además de ordenar la medida privativa de libertad contra los seis imputados, el juez José Rafael D’ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de este distrito judicial, declaró de tramitación compleja el proceso en tanto que se cumplen todos los elementos necesarios como la multiplicidad de imputados, de víctimas y la criminalidad organizada.
En su relación de los hechos, el órgano persecutor demostró el rol que jugó cada miembro de la estructura, para que se lograra el cometido criminal el pasado 24 de mayo, con lo que, además, el Ministerio Público desmontó toda teoría infundada de la defensa técnica de los imputados, que, según resaltó el propio tribunal, no presentaron arraigos suficientes; cuatro de ellos ni siquiera presentaron alguno.
En respuesta a los alegatos de la defensa técnica, el juez también resaltó que los arrestos de los preventivos se ejecutaron en estricto cumplimiento a las órdenes previamente tramitadas por la Fiscalía de Santiago, ante la autoridad judicial competente, confirmando así la legalidad de los mismos.
La Fiscalía de Santiago, que dispuso de sus peritos e investigadores expertos en la materia, logró desarticular la asociación delictiva, identificando a sus miembros, apresando y sometiendo al escrutinio judicial a seis de ellos, en tanto que persigue a dos que permanecen prófugos, en labores que desarrolla junto a la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
Los preventivos enfrentan cargos por homicidio en perjuicio de la víctima Ambrosio de Jesús Núñez, así también por asociación de malhechores, robo agravado, tentativa de homicidio contra dos de las víctimas y el uso de armas de fuego.
En la instancia que este órgano puso a disposición del juzgador, detalló que los peritos de los organismos que colaboran en las pesquisas junto a la Fiscalía, analizaron sendas evidencias materiales, imágenes de las cámaras de videovigilancia, así como el perfil criminal de los implicados, quienes se conformaron en organización y planificaron los hechos, previendo, para ello, la compra de armas de fuego cortas y largas de alto calibre, pasamontañas, gorras, manojos de tie rack (Tairrá), guantes negros desechables, chalecos antibalas y bultos.
La Fiscalía, entre otros elementos, tiene en su poder un fusil calibre 223 y múltiples cápsulas ocupadas a los detenidos; en tanto que, también, ha logrado recuperar 1.5 millones de pesos en efectivo que fueron sustraídos de la sucursal bancaria.
El órgano persecutor demostró al tribunal que los imputados se constituyeron en asociación criminal, por cuanto se reunieron semanas previas al hecho y planificaron dirigirse a la entidad financiera, ubicada en el Supermercado La Fuente Fun, en la avenida Antonio Guzmán Fernández esquina Francisco Augusto Lora, del sector La Barranquita.
La entidad financiera por medio de sus abogados se adhirió a la petición de la Fiscalía de Santiago y declaró que, más allá de la afectación económica que ha sufrido, con la irrupción de los maleantes a sus oficinas, hay un agravio emocional y psicológico que ha tocado muy de cerca a toda la familia Banreservas, por cuanto se adhería a la petición del Ministerio Público en solicitud de una ejemplar medida preventiva.
Los hechos previamente citados constituyen una violación a los artículos 2, 295, 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, que sancionan los tipos penales por homicidio y tentativa de homicidio, asociación de malhechores y robo agravado.
Así también, estos imputados se enfrentan a cargos por transgresión a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
