El Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció este martes que ha demandado al menos a 30 exfuncionarios gubernamentales acusados de corrupción para recuperar más de 30 millones de dólares en fondos públicos.
Entre los demandados están tres exlegisladores, incluida María Milagros Charbonier, condenada en mayo a ocho años en una prisión federal tras ser hallada culpable de robo, soborno y crear un esquema de compensaciones indebidas.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, indicó Domingo Emanuelli, secretario de Justicia del territorio estadounidense no incorporado.
Además, se demandó a ocho exalcaldes, entre los que están Félix Delgado, de Cataño, y Ángel Pérez, de Guaynabo. Delgado fue sentenciado en marzo a pasar un año en una prisión federal tras declararse culpable de aceptar sobornos a cambio de conceder contratos municipales por varios millones de dólares. Pérez fue sentenciado en febrero a más de cinco años en una prisión federal tras ser hallado culpable de soborno y extorsión.
Hasta el momento, no se ha podido contactar a sus abogados para que den sus comentarios.
Desde hace mucho tiempo, el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha sido acusado de no ejercer medidas suficientemente estrictas para atacar la corrupción gubernamental generalizada en la isla, y las autoridades federales han tomado las riendas en los últimos años.
“Por primera vez en la Isla, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a más de 30 convictos por corrupción para recobrar los fondos públicos y los daños que le ocasionaron al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales”, agregó Emanuelli.
De igual manera, el departamento también demandó a dos empresas: J. R. Asphalt, Inc., y Waste Collection Corp. Las autoridades federales las habían acusado anteriormente de tener vínculos con casos de corrupción gubernamental.
Medidas provisionales
El Departamento de Justicia declaró que, de acuerdo con las normas procesales civiles del territorio estadounidense, podría aplicar medidas provisionales para recuperar activos y restringir la capacidad de los acusados para vender propiedades.
Varios alcaldes han sido detenidos por el FBI por presunta corrupción desde las elecciones de 2020, y otros se enfrentan a cargos locales. Otros arrestos de alto perfil, no relacionados con las demandas del martes, incluyen a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, quien fue arrestada en 2022 por presuntamente sobornar a varias personas para financiar su campaña electoral para gobernadora en 2020.
Mientras que, el año pasado, el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, y Abel Nazario, exsenador y exalcalde de Yauco, fueron condenados a prisión tras participar en un esquema de soborno y malversación de fondos municipales, respectivamente. En 2022, los exalcaldes de Aguas Buenas y Humacao, Javier García y Reinaldo Vargas, fueron arrestados por conspiración, solicitar sobornos y extorsión.
En 2021, un día después de que Delgado se declarara culpable de soborno, el empresario Mario Villegas, fue acusado de presuntamente pagar sobornos a Delgado, cobrando más de 9,9 millones de dólares en contratos municipales para su empresa de asfalto y pavimentación. Villegas fue condenado a más de tres años de prisión.
