La Oficina Nacional de Defensa Pública informó que el 11.48% de la población carcelaria tiene enfermedades mentales y el 9.84% VIH, en su “Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión año 2023”, publicado recientemente.
“Enfermedades mentales con un número preocupante de 508, y el VIH con 431 infectados, esta última cifra llama a reflexionar sobre lo permisivos que son los centros tradicionales para permitir el ingreso de trabajadoras sexuales”, estableció la Defensa Pública en el documento denominado “Estado de salud”.
Dicho documento indica que existe como principal patología en los distintos centros de privación de libertad del país la hipertensión arterial con 1,569 afectados (35.81%), seguido de la diabetes con 726 pacientes (16.57%). Además, el asma con 333 casos (7.60%), las afecciones de la piel con 264 (6.03%), tuberculosis con 157 casos (3.48%), cardiopatías con 119 enfermos (2.72%), hepatitis con 69 (1.57%), discapacidad física 44 (1%), discapacidad visual 13 (0.30%) y con otras condiciones 153 internos (3.49%).
Sin embargo, la mayoría de los reclusos no tienen acceso a tratamiento o a medicamentos generales, plantea el informe, indicando que “mucho menos los necesarios para atender enfermedades como la diabetes o los que necesiten medicamentos de uso contralado para patologías mentales”.
De igual manera, refiere que en muchas cárceles las áreas médicas no están funcionando por no tener un espacio adecuado.
Esto, según explican, es lo que está pasando en la cárcel pública de La Vega, CCR-El Pinito, Fortaleza de Santiago Rodríguez, Barahona, 19 de Azua, San Juan de la Maguana y Neyba, entre otros recintos penitenciarios.
“En el CCR El Pinito el área médica está totalmente cerrada debido a las filtraciones que hay en el espacio”, indica en el documento.
En cuanto a los medicamentos, el informe refiere que el Ministerio de Salud Pública no realiza los suministros necesarios y muchos de los reos tienen que acudir a donaciones o a familiares para que se los provean.
“Y cuando suele suministrarse algún medicamento suele ser genérico, que en muchas ocasiones no combaten el problema y en otros casos, el retorno a la salud lo dejan a la evolución natural. Los más afectados con esto son los privados de libertad con padecimientos mentales”, expone la entidad.
El documento señala que el interno tiene que cubrir los gastos médicos cuando visita un especialista, en tanto, cuando es referido fuera, tiene que cubrir el costo de algunos estudios, ya que hospitales de la región no cuentan con los equipos necesarios para investigar el padecimiento.
Por otro parte, según la información recogida de los distintos centros, Defensa Pública dijo que muchos carecen de médicos y apenas cuentan con personal de enfermería.
“En Pedernales, por ejemplo, no hay médicos y la enfermera lleva mucho tiempo de licencia médica. El centro 19 de Marzo en Azuano cuenta con médico general y presenta un gran hacinamiento, lo que contribuye a la propagación de enfermedades.
Además, aunque en San Juan de la Maguana hay un médico y una enfermera, algunos servicios no están disponibles, como el servicio odontológico, necesario para conservar la salud. En Neyba se cuenta con los servicios generales de un médico y una enfermera, pero no disponen de un espacio para un consultorio, por lo que las consultas se realizan al aire libre, en una carpa”, planteó.
El informe indica que internos con enfermedades en fase terminal requieren un cambio de régimen de cumplimiento de la pena, al igual que muchos adultos mayores, tras citar el caso de un anciano de 103 años recluido en Haras Nacionales.
Defensa Pública dijo que el derecho a la salud, protegido constitucionalmente y por las normativas internacionales, requiere que el Estado proporcione servicios médicos de calidad a todas las personas bajo su custodia.
